El cajón de las patentes escondidas

A medio camino entre la leyenda urbana y el mito progresista, es opinión generalmente aceptada en amplias capas de la sociedad que la subida del precio del petróleo está provocada artificialmente por multinacionales ávidas de beneficios. Tanto legos como personas con conocimientos (?) dan por supuesto que las grandes empresas petroleras disponen de numerosas patentes que harían funcionar a cualquier clase de máquinas por medio de otras energías alternativas, y que disfrutan escondiéndolas en un cajón para poder seguir manteniendo el tinglado del oro negro. Otro paradigma de estupidez progre enfrentado al sentido común.

De nada sirve objetar a estos disciplinados soldados del pensamiento único que su argumento encierra una contradicción que en sí misma lo invalida. Si lo único que mueve a una empresa es el ánimo de lucro, cuánto más se incrementarían sus beneficios en caso de disponer en exclusiva de un procedimiento barato y seguro de obtención de energía, sin tener que competir con otras empresas del sector y con la certeza de copar la mayor parte del mercado.

Es tan absurdo como pensar, por ejemplo, que Pony Express, la mítica empresa de diligencias del Oeste americano, hubiera tenido guardado en un cajón la patente de la máquina de vapor por miedo a que el nacimiento del ferrocarril arruinara su negocio, en lugar de utilizarla para incrementar sus beneficios.

Si a esto le añadimos el dogma del cambio climático y la motivación básicamente económica de la guerra de Irak, ya tenemos cerrado el círculo de la eterna culpa norteamericana en todos los males que aquejan al mundo.

Por increíble que parezca, esta y otras ideas gozan del fervor de toda una masa de ciudadanos que, en el fondo de su ser, desconfían del capitalismo y lo asumen como un mal inevitable. Frente a esto, sólo nos cabe discutir y argumentar sin desmayo, que siempre alguno acaba cayéndose del guindo.

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Liberalismo callejero

La Policía de Madrid anda muy preocupada ante la proliferación en Madrid de ciudadanos chinos que por unos módicos 10 € ofrecen a los fatigados transeúntes relajantes masajes de pies y piernas. Alega que esta actividad supone “competencia desleal” ante el resto de establecimientos que cierran los domingos, además de poner en riesgo la salud de los que denomina como “incautos”. Y, lo que es más grave, se resalta que los masajistas carecen de titulación.

Muy sobrados de tiempo o muy escasos de trabajo deben andar nuestros policías cuando un asunto tan trivial merece su atención. Sin embargo, lo que subyace tras esta pequeña cruzada contra los buscavidas callejeros es la eterna mentalidad burocrática, que desconfía de todo aquello que no puede ser regulado. Admiten que la conducta no es delictiva, pero la condenan al limbo de la “infracción administrativa”.

¿Acaso se obliga al ciudadano a someterse al masaje sin su autorización? ¿Por qué ha de quedar siempre el cliente como un bobo inconsciente que malgasta su dinero, a pesar de las advertencias de unas autoridades que, ellas sí, conocen lo que más conviene a los ciudadanos?.

Afortunadamente, la burocracia tiene muchas rendijas, por las que muchas veces se cuela el libre ejercicio de actividades legítimas, con el acuerdo de ambas partes y a cambio de una retribución convenida, sin que se vulnere el orden público ni los derechos de los demás. Se dinamiza la economía y se evita que los inmigrantes cometan delitos. ¡Qué sencillo podría ser todo, y qué complicado se empeñan en hacerlo los adoradores del dios Estado!

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Las mil y una voces de la izquierda

El control por parte de la izquierda de los medios de comunicación adquiere rango de dominio exclusivo en lo que respecta a la prensa local en España. En muchas provincias la única pluralidad informativa oscila entre un diario de PRISA y otro de alguno de los nuevos grupos de comunicación afines al socialismo, como Zeta, Jolly y Moll.

En otros casos, la alternativa al Poder Fáctico Fácilmente Reconocible viene del Grupo Vocento, que en el mejor de los casos podríamos etiquetarlo como neutral, pero con una indisimulada tendencia a agradar al poder y a no incomodar a don Jesús.

¿Por qué la derecha liberal, a pesar de contar con un apoyo social sin precedentes en nuestra historia reciente no cuenta con ningún medio afín en la prensa local? La respuesta es compleja. Si bien es cierto que las antiguas cabeceras de la época franquista pasaron durante el felipismo a manos de empresarios próximos al PSOE, en algunos casos de forma escandalosa, no es menos cierto que todos los medios nacidos con posterioridad aparecen escorados claramente a la izquierda. ¿Búsqueda del favor político o legítima política comercial?.

En cualquier caso, en vez de limitarse a lamentar la situación, la derecha debería movilizarse para hacer oír su voz en la sociedad, no sólo en las grandes cadenas de radio o periódicos nacionales, sino también en todos los rincones del país. Cada parcela que se abandona en la lucha ideológica es sistemáticamente ocupada por el pensamiento único.

Esto es muy fácil de decir, pero ¿cómo pasar de la intención a la realidad?. La experiencia dice que todos los proyectos creados artificialmente desde un partido político tienden a fracasar. Es entonces cuando echamos de menos la existencia de una sociedad civil bien articulada, con resortes que canalicen la expresión de las inquietudes, valores y expectativas de amplias capas de la ciudadanía. ¿No hay empresarios preocupados por el retroceso de las libertades económicas e individuales? ¿No existen colectivos profesionales (agricultores, autónomos, técnicos...) agredidos por el estado de ánimo que se va abriendo paso en nuestra sociedad, especialmente entre las capas más jóvenes, de odio al capitalismo y a la iniciativa privada?.

O la derecha se organiza a todos los niveles, sacudiéndose sus complejos, o el ruido de la izquierda hará que esta se perciba como la opinión pública hegemónica, detentadora de la sabiduría, la verdad y la legitimidad democrática.


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Celtiberia Show Progresista (III)

La izquierda siempre ha hecho bandera de su carácter racionalista, alimentando la falsa dicotomía entre fe y razón, y arrimando el ascua hacia la sardina de su presunta superioridad intelectual. Una vez más, el mito prevalece sobre la realidad.

La vida cotidiana nos brinda muchos ejemplos de lo contrario. Hoy quiero continuar la serie de la nueva Celtiberia Show (de la que por ahora tenemos las entregas I y II) con una muestra del apego de algunos izquierdistas a las supercherías más groseras y chabacanas.

Casualmente (o, bien pensado, no tanto) la fuente de inspiración vuelve a venir de la Andalucía profunda, allí donde el socialismo impregna hasta el aire que se respira. La foto que acompaña este post no puede ser más expresiva: el celtibérico montaje crematístico-ocultista de “las caras de Bélmez” elevado por el Ayuntamiento del pueblo (PSOE) a rango de lugar de interés, generosamente destacado en el poste de señalización.

Bien es cierto que, al menos, se trata del cumplimiento parcial de su programa electoral, en el que llegaban a prometer la creación de un “Centro de Interpretación de las caras de Bélmez”. Dinero público para difundir ectoplasmas, psicofonías y timos de la misma calaña.

Ya se sabe: cuando no se cree en nada, se acaba creyendo en cualquier cosa.

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La cárcel de la felicidad

En un tórrido fin de semana de agosto, mientras millones de españoles intentaban eludir los rigores del calor, un grupo de etarras recluidos en la prisión de Granada gozaban de las excelencias de su bien acondicionada piscina. Contraviniendo las normas de funcionamiento del centro, la alegre parranda discurría con la armónica convivencia de hombres y mujeres. Cabe presumir que, a poco que se hubieran descuidado los vigilantes, bien pudiera haber degenerado en una orgía abertzale, haciendo removerse en su tumba al beato de don Sabino.

Los pocos medios de comunicación que se hacen eco de la noticia se escandalizan del trato de favor recibido por los etarras, puesto que los llamados “presos comunes” no pudieron gozar del refrescante chapuzón. Como vemos, la perversión del lenguaje sigue haciendo estragos entre nuestra clase periodística, para mayor gloria de los que sacuden el árbol y los que recogen las nueces. ¿Qué es eso de “presos comunes”? ¿Acaso el Código Penal contempla aún los antaño llamados delitos políticos?

¿Y nadie se escandaliza del trato de favor que reciben esas alimañas respecto al conjunto de los ciudadanos, quienes para ir a una piscina tienen que pagarla de su bolsillo? ¿Les parece poco que tengamos que costear con nuestros impuestos su comida, vestido, calefacción y aire acondicionado para que también tengamos que darles sus caprichos?.

El problema de fondo tiene rango legal, al máximo nivel. Aplicando rigurosamente los postulados de la ley del péndulo, tras años de dictadura franquista los ponentes constitucionales se dejaron llevar por los falsos buenos sentimientos, considerando a los delincuentes como víctimas de la sociedad a quienes había que reinsertar. Mientras por un lado se consagra el trabajo como un deber de todos los españoles, por otro lado se proscriben expresamente los trabajos forzados para los presos. ¿Discriminación positiva o estupidez colectiva?.

No es solamente que del llamado Estado del bienestar disfruten incluso aquellos que viven de vulnerar las normas, sino algo aún peor, como es el carácter preferente de estos a la hora de gozar de sus mercedes, en detrimento de quienes pasan por esta vida con la cada vez más absurda costumbre de procurar respetar las leyes.

Mientras en la sociedad española no germine la idea de la responsabilidad de los individuos por sus actos, ni el terrorismo ni la inseguridad ciudadana tendrán remedio. Las penas (todas) deben cumplirse íntegramente, y el castigo nunca puede convertirse en premio. De lo contrario, los muros y las rejas de las cárceles no van a servir para evitar que se fuguen los presos, sino para impedir que quienes están fuera se cuelen en esos extraordinarios centros de ocio y diversión, donde los contribuyentes costeamos generosamente todas las necesidades de las pobres ovejas descarriadas.

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Garantismo selectivo

Con una gran dosis de hipocresía, la opinión pública está alarmada por el reciente fallecimiento de un detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). La noticia ha saltado a la primera plana de los periódicos y todos los partidos se han apresurado a solicitar una investigación sobre los hechos.

Nada que objetar a esta rápida reacción de la sociedad, en su exigencia de que los servidores de la ley actúen con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos. Lo que me produce desazón es la ausencia de una actitud similar ante otros hechos tanto o más graves que cotidianamente amenazan nuestra convivencia, y en los que aparecen implicados igualmente funcionarios públicos.

Cuando un juez sí y otro también peca de laxitud en la aplicación de unas leyes ya de por sí blandas. Cuando el delincuente goza de todas las prerrogativas que le brinda un sistema suicidamente garantista. Cuando los castigos penitenciarios disfrutan sistemáticamente de escandalosas e injustificadas rebajas. Cuando las víctimas de los delitos sufren en solitario la falta de justicia. En todos estos casos la sociedad no reacciona ni de lejos con la misma alarma social.

Además, sin pretender justificar el presunto comportamiento delictivo de los guardias civiles implicados, se echa de menos un mínimo de ecuanimidad y rigor en los medios de comunicación al tratar el asunto. Para empezar, en los titulares se da por hecho que la autopsia vincula la muerte con la paliza recibida por el detenido, cuando de la misma lectura de la noticia se deduce que el resultado del estudio no es definitivo, sino sólo un avance.

Asimismo, se pasa de puntillas por el hecho de que el detenido mordió a un agente y lesionó a otros, tras resistirse violentamente a que se le practicara un control de alcoholemia. ¿Se le da el mismo tratamiento a los cientos de accidentes mortales causados por conductores en estado de embriaguez?. ¿No se suspende de empleo y sueldo y se investiga al juez que impidió que el “artista” Farruquito ingresara en prisión?.

Ni que decir tiene que en el supuesto de que la víctima fuera un moro el escándalo habría adquirido proporciones siderales, desde la CNN a Al-Yazira, pasando por la ONU y la Liga Árabe. Probablemente el resultado sería la expulsión de la provincia de Almería de España y la UE, y la adquisición por sus habitantes del estatuto de apestados mundiales.

Personalmente, me siento seguro cuando me cruzo con la Guardia Civil, y doy por bien pagada la exigua parte de mis impuestos que llega a ese Cuerpo, que se mantiene operativo por el abnegado esfuerzo de sus miembros. No puedo decir lo mismo de la mayoría de nuestros legisladores, jueces y burócratas, parásitos de guante blanco que al final acabarán siendo responsables de que la gente se tome la justicia por su mano.